“ Políticas de Estado y Acciones a tomar por el sector productor, para evitar la quiebra del agro"
I. ¿Qué políticas debe implementar el Estado?
Para evitar la quiebra definitiva del agro nacional y garantizar la seguridad alimentaria a mediano plazo, el Ejecutivo Nacional y las instancias competentes deben girar hacia un modelo de estímulo y protección justa mediante las siguientes acciones:
Racionalización y aranceles inteligentes a las importaciones: Suspender la exoneración indiscriminada de aranceles e impuestos a la importación de maíz y arroz terminados, especialmente durante los meses de cosecha nacional. Se deben aplicar bandas de precios o aranceles temporales que protejan al productor local de las distorsiones de precios internacionales subsidiados.
Creación de una banca de desarrollo agrícola real y accesible: Es imperativo instrumentar líneas de crédito con encajes legales flexibles, tasas de interés viables para el sector primario y plazos acordes al ciclo biológico de los cultivos (maíz y arroz), permitiendo adquirir insumos a tiempo.
Subsidios focalizados o exoneración fiscal de insumos críticos: Reducir o eliminar los aranceles de importación y el IVA a los componentes esenciales para la producción (semillas certificadas de alta adaptación, agroquímicos y fertilizantes), abaratando los costos de origen.
Estabilización cambiaria y control de la inflación: Armonizar la política cambiaria para evitar la apreciación artificial de la moneda, la cual encarece los costos internos de producción medidos en divisas, frente a un producto importado que entra más barato y a un producto nacional pagado en moneda local.
Infraestructura, vialidad y servicios públicos: Garantizar suministro constante de combustible (gasoil) en las épocas críticas de siembra y cosecha, además de recuperar los sistemas de riego y la vialidad agrícola.
II. ¿Qué deben hacer los productores ante esta situación?
Ante un entorno macroeconómico adverso y la falta de amparo estatal oportuno, los productores y gremios agrícolas deben transitar hacia estrategias de eficiencia extrema, asociatividad y defensa gremial:
Fortalecer la agricultura de contrato: Consolidar alianzas directas con la agroindustria nacional (plantas de recepción y acondicionamiento de cereales, plantas de producción de alimentos balanceados, etc.,) mediante contratos previos de siembra y cosecha que aseguren precio concertado y colocación antes de echar la semilla a la tierra, reduciendo el riesgo de quedar con el rubro en los silos. La propuesta planteada en el año 2024, por GRANCA y fundamentada en el Artículo 305 de la Constitución (Seguridad y Soberanía Alimentaria), mediante la aprobación y aplicación oficial del Manual e Instructivo con la Metodología para la Comercialización del Maíz y Sorgo Nacional, en el cual se destacaban los siguientes puntos regulatorios:
Obligatoriedad de compra local: Absorción total de la cosecha nacional antes de autorizar licencias o ventanas de importación.
Condiciones de pago estrictas: Plazo máximo de pago de 45 días e imposición de recargos financieros por mora o incumplimiento.
Cuotas de absorción: Asignación de porcentajes obligatorios de compra local en función de los volúmenes de consumo de cada industria.
Sanciones operativas: Prohibición total de importación a las empresas que mantengan deudas vencidas con productores, asociaciones o agroindustrias locales.
Optimización de costos y agricultura de precisión: Evaluar minuciosamente el paquete tecnológico por hectárea para usar estrictamente los fertilizantes y agroquímicos necesarios (análisis de suelos), evitando el desperdicio y maximizando el rendimiento por kilo cosechado.
Alianzas logísticas para almacenamiento y diferimiento de ventas: Evitar la venta desesperada de toda la cosecha al "precio del flete" apenas sale del campo. De ser posible mediante la asociatividad gremial, utilizar certificados de depósito o silos de almacenamiento temporal para escalonar la oferta cuando baje la presión de saturación del mercado.
Presión gremial unificada y técnica: Mantener reclamos articulados a través de gremios del sector primario (Confagan, Fedeagro, etc.), sustentados en data técnica, demostrando con números reales cómo las políticas de puertos abiertos destruyen empleo rural y la soberanía alimentaria a corto plazo.